Protección efectiva de la ley en paisajes protegidos en México  

En gran medida, la megadiversidad biológica y cultural de México se debe a tres factores clave: nuestra posición geográfica en el planeta, la ecodiversidad de ambientes marinos y terrestres, y el establecimiento de varios paisajes bioculturales, donde riqueza biológica se conjuga con saberes y haceres ancestrales dando como resultado uno de los mosaicos más variados en culturas del mundo.

La eficaz conservación del legado ecosocial marino de México, compuesto por aproximadamente 3149 920 km², es responsabilidad de nuestro país, así como garantizar que se propicien y mantengan las condiciones adecuadas que armonicen las actividades humanas con los procesos ecológicos que las sustentan.

Bajo este principio rector, amparado en la misma Constitución mexicana, se expidió la Política Nacional de Mares y Costas de México en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre del 2018. La política en contexto se construyó a partir del conocimiento y experiencia de gestión de las secretarías de estado federales que conforman la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares), las cuales tienen su apoyo y motivación académica en la Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica (Conacio); comisión, también intersecretarial de carácter permanente, pero con el objeto de encargarse de las actividades de investigación oceanográfica que se realicen en zonas marinas del país. Las Secretarías participantes en Cimares son: Marina (Semar) -quien la preside-; Gobernación; Relaciones Exteriores; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Turismo. Mientras que Conacio, además de conformarse por las Secretarías, tiene representantes del IPN; la UNAM; el INEGI y el Conacyt, por ejemplo.

Con el fin de detectar las principales amenazas a los procesos ecológicos de nuestros mares y costas, se realizaron estudios y análisis de datos del funcionamiento general de estos complejos ecosistemas. A partir de los resultados y la discusión con las autoridades gubernamentales, se establecieron prioridades de actuación, tomando en cuenta, entre otras cosas, los vacíos y omisiones en la conservación de la biodiversidad marina, la biodiversidad insular y las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, tanto residentes como migratorias.

Fueron enlistados 105 sitios como prioritarios para atender en temas de estudios académicos y de conservación. De entre estos sitios, resaltan 58 por sus características de representatividad ecológica, de tal manera, que se han decretado como Áreas Naturales Protegidas (ANP). Cabe señalar que el alto Golfo de California es la prioridad uno de protección y vigilancia como ANP bajo la denominación de Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado; y la 17 de conservación en un orden internacional. Bajo estos considerandos, se hace necesaria la actuación especial de un órgano del Estado cuya su función sustantiva sea velar por el cumplimiento cabal de la normatividad ambiental, conocido como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En cuanto al cumplimiento general de la aplicación de la Ley, la Profepa, en colaboración con la Semar y en ocasiones con la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca,) realiza inspecciones por aire, mar y tierra de manera directa con inspectores propios y de manera conjunta con inspectores de Conapesca y personal de la Marina Armada de México para recorridos marítimos. Los recorridos terrestres y carreteros se operan en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. La vigilancia terrestre implica controles carreteros, vigilancia en puertos de embarque y desembarque, y recorridos por playas y costas. Las acciones de vigilancia son diarias. Para la vigilancia aérea se cuenta con drones.

Todo este despliegue de recursos materiales, económicos y humanos tiene su base en la obligatoriedad de México de cumplir con dos preceptos constitucionales: 1) garantizar un ambiente sano y adecuado para la llevar una vida digna y de calidad ambiental; 2) entender que los convenios y tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado son ley suprema para la nación. Si es extensa la normatividad ambiental nacional para garantizar el primer precepto constitucional, la cantidad de convenios y tratados internacionales que debemos cumplir son igual o más en número y complejidad.

Pero centrándonos en este último punto y, en los mares y costas, hablemos de unos cuantos tratados que tenemos obligación de acatar. El Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (T-MEC), cuyo Capítulo 24 está dedicado a la conservación ambiental, establece medidas para aplicar la ley, y medidas para fomentar los instrumentos voluntarios de regulación, bajo el concepto de la Economía Circular. De igual forma, tanta inspección y vigilancia, por ejemplo, en el norte del Golfo de California, se orienta al cumplimiento de las resoluciones de la Conferencia de las Partes 2018 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); de la Convención de sitios Ramsar y de los sitios declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), además de que es un ANP nacional.

Un caso muy sonado, desde hace un par de décadas es lo que sucede con la pesca furtiva de una especie de pez protegida por las normas mexicanas (NOM-059-Semarnat-2010), la totoaba (Totoaba macdonaldi) bajo la figura de riesgo en peligro de extinción, pero que además su pesca, eleva el peligro de otras especies al caer en las redes de enmalle de forma incidental, como la vaquita marina (Phocoena sinus) y la tortuga golfina (Lepidochelys olivácea), ambas también en peligro de extinción. La meta de la legislación mexicana es «pesca ilegal cero».

Dentro del convenio CITES, durante la septuagésima cuarta reunión del Comité Permanente de las Partes, celebrada en Lyon, Francia (7 a 11 de marzo 2022), se abordaron todos los temas que México tiene en la agenda de la convención, teniendo un cumplimiento de la conformidad casi de 100 %. Algunos temas fueron revisados a profundidad como el del combate a la pesca ilegal y posterior comercio ilegal de la totoaba y sus partes, especialmente, la vejiga natatoria (buche) [SC74 Doc. 28.5 Totoaba (Totoaba macdonaldi)].

El Comité Permanente declaró que CITES tomó nota de los esfuerzos y recursos erogados por México para acatar las declaraciones CITES 18.293, aunque nos exhortó a procurar de manera urgente, un poco más la aplicación de todos los aspectos del Acuerdo por el que se regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para la realización de actividades de pesca con embarcaciones menores y mayores en Zonas Marinas Mexicanas en el Norte del Golfo de California y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de sistemas de monitoreo para tales embarcaciones.

En este contexto, tanto CITES como UNESCO y T-MEC, solicitan a México a que refuerce las medidas para asegurar la aplicación estricta de la «política de tolerancia cero». De igual forma, estos tres organismos internacionales alientan a México a que incremente sustancialmente la vigilancia en la Zona, de tal forma que sea permanente, con autoridades de tiempo completo y con capacidad para detenciones y no sólo decomisos de redes.

Resulta interesante reconocer que las recomendaciones para tener una efectiva protección del Alto Golfo de California y aplicación de la ley son compartidas por diversos organismos nacionales e internacionales, así como ONG, relacionados con otros sitios y especies protegidas en México. Un ejemplo interesante es el de la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en el sentido de que se reconoce el esfuerzo y la labor de México en la conservación del sitio, el cual, además de tener componentes naturales de excepcional valor, contiene grandes atributos paisajísticos construidos por la acción conjunta hombre-naturaleza, permitiendo el desarrollo de las culturas Tohono y Cucapá.

Proteger los paisajes naturales de México nunca ha sido tarea fácil, pero ahora los compromisos internacionales hacen que se vuelva una prioridad nacional so pena de sufrir sanciones económicas o restricciones a nuestro comercio si no cumplimos con lo pactado en los convenios y tratados firmados.

Cada vez son más los países que, incluso, para recibir mercancías de un país, exigen que éstas hayan sido elaboradas bajo certificados ambientales y gestionada su cadena de suministros en puertos y comunidades portuarias -paisajes porteños- sustentables y verdes. La Unión Europea mencionó en la reciente V Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental - Retos del Desarrollo Portuario Sostenible (2022), que sólo recibirá en el futuro cercano, embarcaciones provenientes de puertos con alguna certificación ambiental que vaya en la misma ruta que las europeas, de tal forma que México, para ser más competitivo y sustentable, debe estar en línea con estas iniciativas autorregulatorias.

La pregunta es: ¿estamos navegando en la misma ruta que el resto del mundo?