La contrarreforma eléctrica: motivaciones justificadas, solución inadecuada 

La iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que el presidente envió recientemente al Congreso, ha provocado -una vez más- un debate polarizado entre defensores incondicionales de las iniciativas gubernamentales y supuestos paladinos de las fuentes de energía «limpias». Mas precisamente debería verse como un nuevo capítulo en la batalla para regresar el control central del Estado sobre el sector energético, que había sido parcialmente cedido al libre mercado. Como en otros temas, la iniciativa puede tener motivaciones justificadas, pero plantea una solución inadecuada para los problemas energéticos y, ambientales presentes y futuros.

El cambio principal de la reforma de 2013 fue la creación del Mercado Eléctrico Mayorista en México, en el que la prioridad del suministro de electricidad está basada en el precio de generación, que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se encarga de supervisar con el fin de evitar la manipulación de precios. Este sistema impulsó la instalación masiva de centrales de ciclos combinados a gas natural y, parques solares y eólicos por parte de privados nacionales y extranjeros, ya que las primeras son más eficientes y los segundos tienen costo menor porque el «combustible» es gratis. Por lo tanto, estas centrales tienen prioridad en el despacho y son financieramente rentables, además de ser mejor recibidas por considerarse «limpias».

En este sistema, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) queda en una posición de desventaja porque tiene que competir con los privados, con centrales menos eficientes y más sucias -termoeléctricas basadas en combustóleo y carbón-, y también porque sus centrales renovables -hidroeléctricas y geotérmicas- no pueden ser consideradas dentro del mercado de los Certificados de Energía Limpias (CEL), creado a partir de 2014.

Además de competir en desventaja, la CFE tiene que cargar con costos que no tienen los privados, como el de asegurar la estabilidad, la continuidad y la calidad del servicio eléctrico; es decir, suplir la variabilidad de potencia y frecuencia de las centrales solares y eólicas, el mantenimiento y ampliación de la red nacional de transmisión, así como proveer de gas natural a un precio preferencial las centrales de ciclo combinado construidas por los privados.

Adicionalmente, la reforma vino a perpetuar que la CFE se quedara progresivamente con la parte del mercado menos rentable, los pequeños usuarios comerciales y residenciales -cerca de 80 % pero que sólo representan 30 % de los ingresos-, mientras que los grandes usuarios y más rentables consumidores -aproximadamente 1 % que, sin embargo, facturan 65 %- se quedaran libres de intercambiar la electricidad entre sí, de manera similar a los autoabastos legados ya existentes.

En cambio, la reforma impulsó la instalación acelerada de parque eólicos y solares, que aunque no son fuentes completamente limpias y sin impacto ambiental, sí pueden contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la contaminación local y la dependencia del gas natural importado. Sin embargo, estos megaproyectos se construyeron donde hay las mejores condiciones de viento y Sol, y no necesariamente donde el sistema requiere más capacidad de generación. Además, en varios casos se enfrentaron al rechazo de las comunidades donde se iban a instalar, que se veían despojadas de grandes áreas, mientras no tenían mejoras tangíbles en su calidad de vida.

La iniciativa presidencial plantea explícitamente recuperar el predominio de la CFE dando prioridad de despacho a sus centrales -renovables y basadas en fósiles-, dando la posibilidad de que las centrales hidroeléctricas y geotérmicas puedan también generar CEL, y liberándola de la obligación de comprar energía únicamente proveniente de las subastas eléctricas. En síntesis, es una iniciativa que en buena medida restaura la situación previa a la reforma de 2013 e, incluso, a algunas medidas anteriores.

Mantener el sistema eléctrico es una tarea complicada, ya que en cada momento se tiene que atender a una demanda variable administrando una gran variedad de tecnología de generación. Esta tarea no puede ser dejada en las manos del libre mercado, cuya prioridad es la ganancia más que la estabilidad del servicio y el bienestar de la población. Pero, ¿es el regreso a la centralización estatista la mejor opción?

Tanto en el caso de los hidrocarburos como el de la electricidad, el gobierno de la 4T confunde los intereses del país y su futuro con los intereses de las empresas del Estado. Una política que pretenda regresar a la situación de los años 70 ignora el declive geológico y el costo creciente de los hidrocarburos, así como el impacto ambiental y social del desarrollo basado en la explotación cada vez más intensa de los recursos naturales. Tampoco resuelve la fuerte dependencia energética de México frente a EE.UU., ya que los nuevos proyectos que plantea la CFE -de aquí a 2027- están basados en gas natural, recurso que importamos en 65 % aprovechando el excedente temporal de gas shale de EE.UU., que puede venir abajo en un futuro próximo.

En cuanto al aspecto ambiental, más allá de la emisiones de GEI, de las que México contribuye en un modesto 1.35 %, el uso de centrales de carbón y combustóleo y las refinerías que no se han reconfigurado hacen que México ocupe el quinto lugar entre los mayores emisores de dióxido de azufre (SO₂) en el mundo; un compuesto cancerígeno que además está ligado a la emisión de partículas PM 2.5, responsables de la recurrente contingencia ambiental del Valle de México. Sin embargo, la alternativa tampoco está en una simple sustitución de los combustibles fósiles por grandes centrales solares y eólicas, que no pueden, ni de lejos, sostener el nivel de consumo energético actual, cuya infraestructura de aprovechamiento tiene un gran impacto sobre el territorio y va a impulsar un incremento de la minería de elementos críticos creando nuevas amenazas para la biodiversidad.

La energía barata, abundante y controlable con la que se construyó la civilización industrial se está agotando. Hemos rebasado la capacidad de regeneración de la biósfera y quedan cada día menos recursos, los cuales, además, tienen una distribución extremadamente desigual. Si aceptamos estos hechos, la única alternativa a los conflictos sociales y el colapso ambiental es una reducción controlada de los consumos y una redistribución más equitativa de los recursos. Solo en una óptica de decrecimiento y reestructuración profunda de la economía y del estilo de vida, las fuentes renovables pueden apoyar una transición energética justa y sustentable.

En esta óptica, el despliegue de las renovables tendría que basarse principalmente en la generación distribuida, que aprovecha los recursos solares, eólicos y de biomasa a nivel local para abastecer las necesidades eléctricas de los usuarios. Implica pasar de un sistema centralizado de distribución a una red de interconexión con flujos bidireccionales, en el que el usuario del servicio puede ser tambien productor (prosumidor) minimizando las transmisión de electricidad sobre largas distancias.

La generación distribuida comunitaria y a través de cooperativas de energía tiene ya muchas experiencias exitosas en algunos países europeos. Este proceso de democratización de la energía requiere dejar de pensar en un Estado paternalista o en un libre mercado que soluciona todos los problemas, al tiempo que hace a los ciudadanos más responsables, proactivos y resilientes hacia el predicamento energetico que tenemos en frente.