Lo que deberíamos cambiar de la política energética del país

Entramos en el último año de un sexenio, donde hubo cambios importantes en el sector de energía, y es buen momento para hacer un análisis de los resultados y los retos para la siguiente administración. En el tema energético lo que ha caracterizado al actual gobierno es una apuesta renovada hacia las fuentes fósiles a través de fuertes apoyos a Pemex, particularmente en el sector refinación, y hacia la recuperación del control del Estado sobre el sector eléctrico, por medio de una serie de acciones que lograron revertir parcialmente la reforma energética del gobierno anterior y reforzar el papel de CFE.

Como lo he comentado en otra contribución^[1] parte de las acciones emprendidas eran necesarias para mantener la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y porque la experiencia internacional nos ha mostrado que un sector estratégico, como el de la energía, no puede dejarse en manos de un mercado que, al buscar la máxima ganancia, no garantiza el servicio de las necesidades prioritarias del grueso de la población. Sin embargo, varias de las decisiones tomadas en este sexenio han sido guiadas por motivaciones políticas y razonamientos económico-contables, que no toman en cuenta la viabilidad a futuro del sector energético mexicano, con su creciente vinculación a EE.UU., así como el impacto ambiental tanto a nivel general como local.

En particular quiero resaltar dos aspectos preocupantes que debería reconsiderar la próxima administración: 1) la gran inversión en hidrocarburos frente al evidente declive geológico y el consecuente incremento constante de los costes de extracción y 2) la creciente dependencia del SEN del gas importado de EE.UU., que además de perjudicar la soberanía nacional, es un insumo cuyo abastecimiento no está garantizado en el mediano plazo.

Sobre el primer tema hay que recordar que México tocó el pico de la producción de petróleo hace 20 años y la del gas natural hace 15. Desde entonces, la producción petrolera ha disminuido a la mitad y la del gas a dos tercios por el agotamiento de los campos gigantes de la Sonda de Campeche, que se ha intentado compensar con un número creciente de campos de mucho menor tamaño y productividad, y con la perforación de muchos más pozos.

Lo anterior ha hecho desplomar el rendimiento de la inversión: en 2000 por cada millón de pesos invertido anualmente en Pemex Exploración y Producción (PEP), se producían 66 barriles diarios; para 2022, sólo eran cuatro. Esto explica porque, a pesar de haber duplicado el presupuesto de PEP entre 2019 y 2023, la producción de crudo no se ha incrementado. En 2018, la meta de PEMEX para 2024 era producir 2.4 millones de barriles diarios (MMbd), cifra que año con año se ha reducido hasta 1,9 MMbd, a medida que se demostraba imposible alcanzar la meta.

Por otro lado, dado que varios de los nuevos campos están a gran profundidad, hubo un incremento importante de la cantidad de fracciones ligeras -los llamados condensados-, que, si bien son un insumo básico para la petroquímica, no sirven para la producción de gasolina y diésel^[2], aunque son contabilizados por Pemex para mostrar un cierto incremento de la producción.

En cuanto a la refinación, el déficit entre la producción nacional y la demanda de gasolina y diésel -que se compensa con importación- se ha estabilizado, pero no revertido todavía. Comparado con 2018, la producción de gasolina en el Sistema Nacional de Refinación ha incrementado sólo 12 % llegando aproximadamente a 250 mil barriles diarios, pero en 2023, México importó 489 mil barriles diarios de gasolina^[3].

La refinería de Deer Park en Texas, que Pemex adquirió en 2022, produce cerca de 130 mil barriles diarios de gasolina, pero debido a contratos previos y a la conveniencia comercial, solo alrededor de 10 % de su producción de se destina al mercado mexicano. La nueva refinería de Dos Bocas puede llegar a añadir unos 170 mil barriles diarios de gasolina, que serían insuficientes para dejar de importar.

Independientemente, lo más importante es que según nuestro análisis, la producción de crudo no alcanza: aún refinando todo el petróleo que se produce hoy en México, la cantidad de gasolina obtenida no sería suficiente para satisfacer el nivel de consumo actual^[4].

Dado que el énfasis se ha puesto en incrementar la producción petrolera y la refinación, el tema ambiental no ha sido la prioridad. Las emisiones directas de Pemex subieron de 46,3 millones de toneladas (MMt) de CO2 equivalente en 2018 a 69 MMt en 2022 y las emisiones de óxido de azufre -ligadas principalmente al sector refinación- pasaron de 643 mil toneladas en 2018 a 1133 mil toneladas en 2022^[5]. Si bien el dato de 2022 es inferior al de 2021, la entrada en función de la nueva refinería de Dos Bocas representa una nueva fuente importante de estas emisiones, de las cuales México era el cuarto país del mundo con mayores valores para 2019^[6].

Por otro lado, los accidentes que involucra la infraestructura petrolera tienden a incrementarse y, desde 2008, se han contabilizado 655 sitios contaminados por incidentes atribuibles a Pemex, de los cuales 141 no han sido atendidos^[7]. En parte, esto se debe a que la infraestructura de transporte de crudo, gas y refinados tienen ya varias décadas -el grueso es de los años 80- y no se le está dando el mantenimiento apropiado porque, además, el presupuesto para este fin ha ido disminuyendo.

La política de recuperación de la soberanía en cuanto a productos refinados no se ha aplicado en la generación eléctrica. La actual administración recibió un sector eléctrico donde ya 51 % de la generación ocurría con centrales basadas en gas -ciclo combinado y turbogas-, pero a 2023, este valor subió a 63 %. El problema es que la producción de gas nacional es totalmente insuficiente para satisfacer el consumo interno, ya que además de la caída en la producción, alrededor de 66 % del gas es utilizado por Pemex para los procesos de producción y refinación. Descontando el consumo propio de Pemex, en la actualidad, México importa casi 90 % del gas que consume.

La importación de gas de EE.UU. ha crecido constantemente desde 2010 y en esta administración se han tomado decisiones para incrementar aún más la generación por gas. En este sexenio, la CFE ha invertido casi 6 mil millones de dólares para construir otras 10 centrales de ciclo combinado, una de turbogas, además de dos térmicas. En conjunto son 7 mil MW de nueva capacidad instalada en fuentes fósiles contra solo 420 MW de la primera fase de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco en Sonora y un poco más como resultado del plan de Modernización de Centrales Hidroeléctricas.

La proyección más reciente de Sener^[8] prevé un incremento de 170 % de la capacidad instalada para 2037 (de ca. 92 a 157 GW) y, en cuanto a la generación, se espera se llegue a ca. 500 TWh/año del valor de ca. 340 TWh/año en 2022. Este incremento se obtendría manteniendo la generación fósil actual, particularmente con gas, e incrementando la generación con fuentes renovables y también con gas+hidrógeno verde.

Lo que llama la atención, tanto en lo que va del sexenio, como en los escenarios futuros, es la continuidad de la generación por medio de combustibles fósiles, que se mantiene basada en su gran mayoría en gas natural importado. La razón de esta administración para continuar con el incremento de la generación por gas es la de aprovechar los contratos de largo plazo firmados en el sexenio anterior para la importación de un gran volumen de gas de EE.UU. que, en efecto, tiene los precios más bajos a nivel mundial y provee electricidad cuando se necesita.

Sin embargo, con una mirada menos economicista y de más largo plazo, es muy cuestionable: estamos atados cada vez más a EE.UU. y a una fuente que ya está cerca de su máximo de producción y, puede decrecer y/o subir de precio en los próximos años. Ademas de que no es limpia, ya que produce sólo 42 % menos emisiones de CO2 del carbón.

La dependencia de EE.UU. no tiene sólo implicaciones de seguridad energética y políticas, sino que puede afectar la viabilidad económica del país. Estamos siendo testigos del fin de una era de la historia que abarca medio milenio: el fin del dominio occidental en la geopolítica.

El 2024 inicia con la inclusión de cinco nuevos países a la alianza de los BRICS. A esta organización, formada inicialmente por Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica, se suman ahora Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para llegar a una población combinada de 3300 millones -cerca de 44 % de la población mundial-. Ademas del peso en cuanto a población, estos países detienen la mayoría de las reservas de energía fósil, de los minerales estratégicos y de la capacidad industrial del mundo. Y otros 15 países han solicitado formalmente unirse.

La hegemonía de EE.UU. basada en el poderío militar y la supremacía del dólar se está debilitando de manera acelerada. En el plano militar, en las últimas dos décadas ha tenido victorias pírricas -Irak, Libia- o derrotas -Afghanistan, y muy probablemente Ucrania-. En cuanto al dominio del sistema financiero, la alianza BRICS+ está creando un sistema alternativo de intercambio independiente del dólar, que está debilitando la moneda americana. A esto se añade el incremento constante del déficit federal y la deuda, así como el acercarse del pico de la producción de petróleo no convencional^[9],que le permitió reducir su importación de petróleo.

A nivel internacional y sobre todo en el Sur global, la imagen de EE.UU. es cada vez peor, particularmente, después del apoyo incondicional al genocidio palestino perpetrado por Israel. A nivel interno, la polarización política es cada vez más extrema, al tiempo que una parte de su población ya vive en condiciones de pobreza y/o adición. En este contexto, lo que una vez se veía como un factor positivo -la cercanía a la «locomotora del crecimiento económico mundial»-, podría volverse en un futuro próximo un elemento desestabilizador.

Los temas que hemos analizado tienen implicaciones relevantes para las decisiones futuras en materia de política energética del país. En primer lugar, dado el creciente costo de la extracción y refinación del petróleo y, el fuerte endeudamiento que carga Pemex desde sexenios anteriores, así como el impacto ambiental del sector hidrocarburos, es necesario pensar en un plan de salida gradual de la dependencia hacia los combustibles fósiles, que actualmente representan todavía 84 % de la matriz energética nacional. Esto implica, necesariamente, una mayor participación de fuentes de energía no fósiles, pero -como lo muestran varios estudios- es improbable que fuentes renovables y ecológicamente sostenibles puedan producir la cantidad de energía que se consume actualmente^[10].

Por lo tanto, para alcanzar la independencia energética, reducir el impacto ambiental y disminuir el riesgo de crisis procedente de EE.UU., cualquier política de transición debería enmarcarse en escenarios de disminución del consumo energético, una reestructuración del sistema industrial y agroalimentario, y una distribución más justa de los recursos, actualmente caracterizada por una enorme desigualdad en cuanto a consumo de energía y emisiones. Dudo mucho que esto constituya tema de discusión en la próxima campaña electoral, pero es un tema crucial que trataré de desarrollar en una siguiente contribución.