La nueva estrategia de Pemex: diagnóstico correcto, plan inconsecuente

Al principio de agosto, se presentó el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex ^[1], elaborado bajo la supervisión del nuevo director, Dr. Víctor Rodríguez Padilla, quien asumió el cargo en septiembre del año pasado en medio de una situación especialmente compleja para la empresa. El informe de resultados al 30 de junio de 2025 ilustra con claridad la magnitud de los desafíos^[2]: una deuda financiera cercana a los 100 000 millones de dólares y pasivos con proveedores por 430 540 millones de pesos (aproximadamente 22 900 millones de dólares). Además, casi una cuarta parte de la deuda financiera vence antes de que concluya 2026.

En el ámbito operativo, la producción de petróleo cayó 4.5 % y la de gas 5.8 %, en comparación con 2019. En refinación, la producción nacional de gasolina cubre apenas 58 % de la demanda interna, mientras que el sector continúa generando pérdidas (19 657 millones de pesos sólo en el primer semestre del año). La dimensión ambiental tampoco es menor: las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron 20.7 % en el último año y, el venteo y la quema de gas alcanzaron 7.9 % de la producción nacional en el primer trimestre de 2025.

¿Cómo se llegó a este escenario? La narrativa del gobierno de la cuarta transformación (4T) sostiene que el deterioro de Pemex -endeudamiento, caída en la producción y creciente dependencia de las importaciones- es consecuencia de los gobiernos neoliberales, que habrían desmantelado a la empresa, forzándola a endeudarse como paso previo a su privatización; todo ello en medio de múltiples esquemas de corrupción.

Es innegable que el mayor volumen de endeudamiento se acumuló durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando además se destaparon escándalos de corrupción a gran escala -como los casos Odebrecht y Agronitrogenados, asociados al exdirector Emilio Lozoya-; sin embargo, esta explicación resulta parcial, pues omite causas estructurales más profundas. En consecuencia, un mero cambio de dirección política, sin reformas radicales de fondo, difícilmente será suficiente para revertir la crisis de la empresa.

En realidad, los factores geológico-técnicos y económicos son los que determinan en gran medida la situación actual. En 2004, la producción nacional de petróleo alcanzó su máximo histórico con 3.4 millones de barriles diarios (Mbd); no obstante, hacia finales de ese mismo año comenzó el declive del campo supergigante de Cantarell, cuyo desplome arrastró a la baja toda la producción nacional^[3].

A partir de entonces, los costos se dispararon: la caída de los grandes campos sólo podía compensarse con la incorporación de un número creciente de yacimientos más pequeños, ubicados a mayor profundidad y que requerían más pozos, aunque con rendimientos menores. El contraste es revelador: en 2004, 200 pozos de Cantarell producían cerca de 2 Mbd; hoy, se necesitan más de 4000 pozos para obtener apenas 1.6 Mbd.

Como consecuencia, en poco más de una década, el costo de extracción del crudo se cuadruplicó. Hasta 2014, el presupuesto de Pemex continuó aumentando -incluso, por encima de los niveles ejercidos durante el sexenio de López Obrador-, pero la producción siguió cayendo debido a que la extracción del petróleo se volvía cada vez más cara. A ello se sumó el hecho de que los costos operativos y la carga de nómina, en particular los asociados a la llamada «burocracia dorada», no disminuyeron. Si a esto se añade que un alto porcentaje de las ganancias de Pemex se transferían a Hacienda vía impuestos, derechos y aprovechamientos (IDA), el resultado fue que en cuanto el gobierno disminuyó el presupuesto de Pemex, su endeudamiento se disparó.

La narrativa que acompañó a la reforma energética de 2013, aprobada por PRI, PAN y PRD, sostenía que se podía reducir el presupuesto de Pemex porque las empresas privadas asumirían un papel central en la inversión del sector. Sin entrar en el debate político sobre la apertura al capital privado, lo cierto es que la caída de los precios internacionales del crudo a finales de 2014 desincentivó el interés por los bloques licitados en las distintas «rondas». Como resultado, las inversiones fueron limitadas y no tuvieron un impacto significativo.

Al mismo tiempo, el gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo sin cambios la elevada carga fiscal sobre Pemex: entre 2014 y 2018, los impuestos, derechos y aprovechamientos representaron entre 50 % y 55 % de sus ingresos totales^[4], lo que deterioró aún más sus finanzas.

Con la llegada al poder de la 4T, se intentó corregir este desequilibrio mediante la reducción de impuestos y cuantiosas transferencias directas de Hacienda a la empresa; no obstante, a pesar de este apoyo económico en nombre del «rescate de la soberanía», la deuda de Pemex apenas se redujo 12.7 % desde 2020.

La razón de fondo es que el gobierno no reconoció que el declive productivo respondía a factores esencialmente físico-geológicos: rendimientos decrecientes y costos crecientes, fenómenos comunes en todos los países que ya han superado su pico de producción^[5]. El desconocimiento de esta dinámica hizo que López Obrador prometiera en su campaña una producción de 2.6 Mbd, meta que a medida que pasaba el sexenio se redujo paulatinamente hasta 2.0 Mbd, pero que tampoco se cumplió. Lo anterior a pesar de duplicar el presupuesto de Pemex Exploración y Producción entre 2019 y 2023^[6].

En materia de producción de gasolinas, es cierto que los gobiernos anteriores dejaron de invertir en refinación durante décadas. Sin embargo, también es un hecho que, para Pemex, éste ha sido un sector deficitario desde finales de los años 90. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la producción de gasolina de las seis refinerías nacionales cayó hasta cubrir solo 25 % del consumo interno, pero este retroceso no puede explicarse únicamente por la falta de interés en el sector, sino también por razones técnicas.

Con el tiempo, la producción nacional pasó de crudos ligeros e intermedios -provenientes de campos terrestres- a crudos más pesados, que predominan en los campos gigantes costa afuera. El problema es que las refinerías mexicanas fueron diseñadas para procesar un crudo intermedio de 32º API^[7]. Al aumentar la proporción de crudo pesado, se incrementó la producción de residuos como el combustóleo, cuyo mercado se ha venido reduciendo por razones económicas y ambientales.

Frente a esta situación y al descenso de la producción nacional de petróleo, el gobierno decidió reducir el proceso de refinación para mantener las exportaciones de crudo, priorizando así los ingresos fiscales del Estado. Como consecuencia, creció la dependencia de las importaciones de gasolinas4. El ambicioso proyecto de la refinería Olmeca (Dos Bocas) buscaba revertir esta dependencia; no obstante, su ejecución ha estado marcada por retrasos y sobrecostos: concebida para concluirse en tres años con un presupuesto de 8000 millones de dólares, después de seis años apenas opera a la mitad de su capacidad y acumula un gasto cercano a 21 000 millones de dólares (un sobrecosto de 262 %). Además, se planeó sin tomar en cuenta el declive estructural de la producción petrolera nacional y global.