La crisis del diésel y el decrecimiento forzado 

Aunque parezca que no pasa nada, que la vida sigue adelante, desde que el eje EE.UU.-Israel inició el conflicto armado con Irán el pasado 28 de febrero, nos encontramos en medio de la mayor crisis energética de la historia moderna, aunque quizá no nos hemos enterado todavía.

La consecuencia no es sólo el aumento de los precios de los energéticos, sino su posible efecto más profundo: un decrecimiento forzado; es decir, tener que producir, mover y consumir menos, no porque así lo decidamos, sino porque, de extenderse el conflicto e incluso si se soluciona -por el tiempo que tomaría restablecer parte de la infraestructura crítica que ha sido dañada-, no habrá energía suficiente para hacerlo de otra manera.

Derivado del conflicto actual, Irán tomó el control sobre el Estrecho de Ormuz, canal marítimo vital entre este país, los Emiratos Árabes y Omán, y por donde -hasta antes del cierre- circulaba un volumen de petróleo equivalente a 20% del consumo global de crudo y cerca de un tercio del gas natural licuado (GNL) comercializado en el planeta, ademas de una importante cantidad de productos refinados. Al cerrar este paso, se perdió el acceso a 20 millones de barriles diarios (MMbd) de petróleo y refinados, y cerca de 10 mil millones de pies cúbicos de gas diarios (MMMpcd).

Visto de manera aislada, los números no dicen mucho, pero para entender por qué se le cataloga como la mayor crisis energética de la historia moderna basta recordar los volúmenes de petróleo que se perdieron en crisis pasadas: 1) Revolución iraní (1978-1979), 5.6 MMbd; 2) Embargo árabe (1973-1974), 4.3 MMbd; 3) Invasión de Irak a Kuwait (1990-1991), 4.3 MMbd; 4) Sabotaje de los gasoductos Nord Stream (2022), 5 MMMpcd.

Estos volúmenes de petróleo representaban alrededor de 7% a 8% del consumo mundial de aquellos momentos y el perderlos fue suficiente para generar estanflación -inflación sin crecimiento y con desempleo-, y posterior recesión económica.

Por otro lado, el gas que dejó de recibir Europa desde Rusia tras el cierre del gasoducto Nord Stream en 2022 fue equivalente a poco más de 10% de todo el consumo en la Unión Europea o entre el 55% y 60% del consumo de Alemania. Esto provocó una fuerte reducción en el consumo de gas, desindustrialización -principalmente en Alemania- y diversificación de fuentes de suministro que ató Europa a las exportaciones de EE.UU. y de Qatar -que fluían por el Estrecho de Ormuz-.

La razón por la que, hasta ahora, no hemos resentido con toda la fuerza esperada los efectos del cierre del Estrecho de Ormuz es que han entrado en juego distintos estabilizadores que han retrasado su propagación. Se han liberado reservas estratégicas de petróleo crudo y petrolíferos de EE.UU. y la Unión Europea a los mercados y se han consumido parte de los inventarios privados de cada país.

La existencia de medios alternos -gasoductos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes- para sacar petróleo de la región en conflicto también ha ayudado a paliar la reducción de la exportación, aunque recientemente uno de estos oleoductos ha sido dañado por drones en medio del escalamiento del conflicto. También se ha aumentado el trabajo en las refinerías y el aporte más importante: China, el mayor consumidor de petróleo crudo importado de la región, redujo sus importaciones en cerca de 40%, unos 5 MMbd.

Todos estos elementos en conjunto han conseguido que los precios internacionales del petróleo no se hayan disparado a los 200 dólares por barril, que algunos expertos pronosticaban cuando dio inicio el conflicto armado, y que sólo han llegado a estar por encima de los 100 dólares por barril. Pero estos son paliativos, ninguno sustituye de forma permanente lo que se ha perdido; los inventarios y las reservas se agotan, y parece que estamos a punto de enfrentar una escasez de energía en el planeta. Y cuando la energía falta, la economía no tiene más opción que contraerse.

Comenzamos ya a experimentar la crisis de la escasez del diésel, pero ¿qué es el diésel? Este derivado del petróleo crudo es la sangre de la economía industrial; el diésel se emplea para accionar los motores de vehículos de carga pesada, tractores y otras maquinarias agrícolas, maquinaria de construcción y minería, transporte marítimo y ferroviario, y en menor medida generación de electricidad. En otras palabras, el diésel permite sostener el sistema alimentario moderno, la minería y el transporte.

Actualmente, debido al conflicto de Oriente Medio y exponenciado por los ataques de Ucrania a las refinerías rusas, el precio del diésel se ha disparado a máximos históricos. Rusia era el segundo mayor exportador de diésel del mundo. Hoy, el diésel ronda los 200 dólares por barril, el doble que el petróleo.

En las gasolinerías de Estados Unidos el diésel tiene un costo de $6.5 USD por galón ($1.75 USD por litro) y en algunos países de Europa supera los 2 euros por litro. Estos aumentos se propagan por toda la cadena industrial y agroalimentaria, encareciendo bienes, alimentos y transporte.

En Siria y Guatemala ha habido protestas contra el encarecimiento de combustibles. En Bolivia se fijaron precios a grandes consumidores agroindustriales de diésel tras las protestas. Si continúa el conflicto, veremos situaciones similares en más latitudes y con mayor fuerza.

No tener suficiente diésel significa decrecer. El diésel es difícil de sustituir en el corto plazo y, en los casos más relevantes, imposible tanto en el corto como en el mediano plazo. Menos diésel implica menos energía, menos energía para hacer funcionar el aparato agroindustrial y de transporte. Si no se puede sustituir, hay que operar con menos: producir menos, mover menos, exportar menos, es decir, un decrecimiento forzado.

Hay quienes piensan que el fin del conflicto significaría un retorno a la normalidad, pero difícilmente será así: infraestructura estratégica ha sido dañada -pozos, ductos, refinerías, plantas de compresión- y el incremento de costo de los seguros para los buques que transportan el combustible no bajará facilmente. Parece no haber vuelta atrás de manera rápida y sencilla.

Si no se aumenta la oferta material de diésel, lo que resta es la elección y dirección sobre cómo se distribuye esa reducción en el consumo de energía. Aquí entra en juego la política fiscal y monetaria de cada país, pero al estar secuestradas por un único pensamiento económico -neoliberal- es poco lo que podemos esperar.

Ante la inflación, los bancos centrales sólo tienen un martillo: subir las tasas para reducir la demanda de crédito, incentivar el ahorro y, con ello, disminuir la demanda agregada, sobre todo, de la parte superflua -viajes, restaurantes, bienes de lujo, autos, casas-. Esto contrae la economía, reduce la creación de empleos y destruye otros; el costo recae sobre la parte más vulnerable: los trabajadores.

La política fiscal tendría otras opciones: reducción de impuestos a combustibles, precios tope a ciertos sectores -productores de alimentos-, inversión en plantas de biodiésel y transporte público eléctrico; sin embargo, el pensamiento neoliberal sólo se preocupa por no aumentar la deuda pública y controlar la inflación para que los activos financieros no pierdan valor. Lo más facil parece ser reducir el gasto público -no el pago de intereses, sino el gasto social e infraestructura-, lo que reduce la demanda agregada y la actividad económica.

La escasez de energía hace la contracción inevitable; lo que se puede elegir es cómo distribuirla, pero las herramientas que ofrece el pensamiento neoclásico neoliberal no dan mucho margen para hacer que ese costo sea menor entre los que menos tienen.

México no se escapa a la situación global; a hoy todavía importamos entre 40% y 50% del diésel que utilizamos en el país. La inversión dentro del Sistema Nacional de Refinación y la puesta en marcha de la refinería Dos Bocas ha contribuido a reducir las importaciones de este combustible -hoy produce cerca de 30% de toda la producción interna de diésel-, pero sigue sin ser suficiente.

A lo anterior se suman los rumores y declaraciones del propio presidente de los EE.UU., que mencionan la posibilidad de que este país considere una restricción a sus exportaciones para paliar los efectos que están sufriendo en el precio interno del combustible. Sobra decir que una situación de esta naturaleza sería catastrófica para México.

Agrade o no, el tiempo le da la razón al diagnóstico de la 4T de aumentar la soberanía energética; sin embargo, la gran falla de dicho diagnóstico se debe a la incapacidad de reconocer que la bonanza geológica del país ya se agotó; por eso, en su versión 2.0, la propia 4T -que se había asumido antifracking- lo propone desde sus tribunas. El fracking es también un paliativo y uno muy caro en todos los sentidos.

La verdadera salida es el decrecimiento, pero uno planeado y elegido. Usar la menor cantidad de diésel que tenemos para lo básico y urgente: la producción interna de alimentos y su distribución a los centros de consumo. Buscar una vida próspera, digna y justa con menor consumo de energía, pero eso es mucho pedir cuando gran parte de la academia mexicana rechaza el concepto; más sorprendente, también organizaciones civiles y activistas climáticos.

Si no es vía decrecimiento, ¿entonces qué? Por ahora, al igual que el resto del planeta, parece que enfrentaremos un decrecimiento forzado; lo interesante será cómo se gestiona para quién y en qué se reduce el consumo. Durante la pandemia, por salvar las cuentas públicas y por terror al déficit, se abandonó a muchas pymes y a sus trabajadores, que quedaron desempleados.

Si hoy la lógica es dejar que el mercado decida y poner las finanzas sanas por encima de todo, el costo caerá sobre los que menos tienen. Seguiremos exportando computadoras, aguacate y moras; qué más da que no se pueda llevar la tortilla a la mesa.