Los limites energéticos y económicos de México

En el imaginario popular, México es un país petrolero que cuenta con abundante energía para su desarrollo. Esta convicción, alimentada por cierta narrativa gubernamental, se construyó hace medio siglo, cuando los descubrimientos de los campos supergigantes de la Sonda de Campeche llevaron al país a ser el sexto productor mundial de crudo, posición que mantuvo hasta 2007. La caída de Cantarell, iniciada en 2005, y posteriormente la de otros grandes campos de aguas someras, nos ha llevado a producir ahora menos de la mitad de aquel máximo y a descender al lugar 11 del ranking mundial.

Mientras tanto, la población crecía -duplicándose entre 1980 y 2025- y el consumo de energía se incrementaba mucho más rápido que la población, en buena medida por el desarrollo del sector industrial exportador impulsado desde la firma del TLCAN en 1994. Si bien ahora consumimos casi tres veces más energía que en 1980 y se han sumado fuentes renovables, en términos porcentuales la dependencia de gas y petróleo en México casi no ha cambiado en los últimos 45 años: en total suman 84% de la matriz energética^[1].

En este contexto, el descenso de la producción de hidrocarburos, sumado al incremento del consumo energético, nos ha llevado a pasar de ser un exportador a ser un importador neto de energía desde 2015. Exportamos cada vez menos petróleo crudo, pero todavía importamos 45% de la gasolina, 38% del diésel y, sobre todo, una gran cantidad de gas natural desde EE.UU.

En 2024, el déficit energético alcanzó 24.7% (principalmente por la importación de gas). En los últimos 16 años, las importaciones de gas se han multiplicado por casi cinco y actualmente representan 75% del consumo nacional, y cerca de 90% si se excluye el consumo propio de Pemex. En diferentes ocasiones en esta columna, hemos llamado la atención sobre el riesgo de esta enorme dependencia^[2], que sólo en tiempo reciente ha llegado al debate público, a raíz de la posible apertura a la explotación de gas no convencional por fracking^[3].

Además del declive geológico de la producción de gas convencional desde su máximo en 2009, esta situación de dependencia ha sido el resultado de dos políticas llevadas a cabo en las últimas tres décadas por los gobiernos de todos los colores:

1) el incremento de la generación eléctrica mediante gas perseguido desde 2000 a la fecha, justificado bajo consideraciones ambientales, económicas y de eficiencia energética en la generación^[4]; actualmente la generación por gas representa 63% del total;

2) el crecimiento del consumo industrial vinculado al modelo exportador establecido desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Actualmente el sistema industrial consume 61% de la electricidad y 18% del gas.

Para reducir la dependencia de las importaciones de gas y recuperar la soberanía energética se ha planteado incrementar la oferta mediante la explotación de yacimientos de gas no convencionales por medio de fracking; sin embargo, una mayor oferta de gas por esta vía no soluciona las causas estructurales de la alta demanda.

En un trabajo reciente^[5] estimamos los requerimientos en cuanto a cantidad de pozos, volúmenes de agua e inversiones de capital para cinco escenarios de explotación a 2035, donde se simularon diferentes grados de consumo total de gas (incremento o disminución respecto a 2025), porcentaje de cobertura nacional de gas (75% o 85%) y producción de gas convencional (en crecimiento, estable o en disminución). Dependiendo de los escenarios, los resultados indican que disminuir significativamente la importación mediante producción por fracking implica perforar entre 1000 y 5000 pozos en 10 años con inversiones de entre 15,000 y 57,000 millones de dólares sólo para la perforación y fracturamiento -montos muy superiores al presupuesto de exploración y producción de Pemex para 2026-.

En la práctica, el fracking crea una dependencia estructural de perforación continua, ya que los pozos no convencionales tienen una vida productiva corta y la productividad global de un yacimientos baja en el tiempo. Si se deja de perforar, la producción cae abruptamente. La perforación masiva y continua es algo que se ha definido como el «el efecto Reyna Roja», aludiendo al personaje del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que debe correr constantemente sólo para quedarse en el mismo lugar^[6].

Asegurar estos ritmos de perforación depende de asegurar la rentabilidad de los proyectos. Debido a la falta de recursos y el grave endeudamiento de Pemex, una extracción significativa de gas sólo se podría obtener con la participación de empresas privadas que, si el precio de venta no fuera suficientemente alto, podrían disminuir la perforación o dejar de invertir.

Adicionalmente, el gas extraído por fracking nunca fue muy rentable en EE.UU. y, en México, el costo de extracción sería mucho mayor por la falta de infraestructura (caminos, ductos, estaciones de bombeo, almacenamiento, etc.) y de cadenas de suministros; por lo tanto, para que sea atractivo para las empresas privadas, el Estado debería asumir una parte de los costos, así como ocurrió en EE.UU., donde hubo diferentes formas de subsidios^[7].

Aquí tenemos la falacia de recurrir al fracking para recuperar la soberanía energética. Desarrollar estos últimos recursos de gas y petróleo por esta vía implica pasar de la dependencia del gas importado desde EE.UU. a la dependencia de la inversión privada, cuya prioridad no es la soberanía energética sino la ganancia económica.

Además, existe una gran incertidumbre sobre la cantidad de recursos realmente recuperables y, por ende, cuánto podría durar la producción. En EE.UU., la producción de gas ha llegado casi a su máximo después de tan sólo 18 años. De hecho, las estimaciones más sofisticadas indican que una vez agotados los sitios más productivos, la perforación en las áreas periféricas no sería rentable, por lo que se podría tener un rápido descenso de la producción desde la próxima década^[8].

México cuenta sólo con una fracción de los recursos de gas no convencionales de EE.UU. (aproximadamente 20%), por lo que es de esperarse que la duración de este recurso sea menor. En este sentido, seguir apostando al gas y recurrir al fracking como medida principal para su abasto representa un notable riesgo, ya que en caso de no poder extraer las cantidades supuestas -por razones geológicas, económicas o de oposición social- se tendrían efectos económicos y sociales muy negativos.

Una menor dependencia de la importación de gas no tiene que ser necesariamente resultado de un aumento de la oferta, sino que puede obtenerse por medio de una reducción de la demanda, tanto por medio de sustitución de fuentes como por un ahorro y reducción absoluta. Dentro de ello, se debería considerar aspectos como: 1) una desgasificación de la matriz energética y eléctrica mediante una mayor penetración de fuentes renovables; 2) políticas de ahorro y uso eficiente del gas, particularmente, en los sectores más intensivos en cuanto a su uso; 3) la recuperación del gas asociado al petróleo que actualmente se desperdicia por venteo o quema, y que puede representar hasta 10% del consumo.

Todas estas medidas son inefectivas sin una disminución del consumo. Un rasgo típico de los escenarios energéticos diseñados por los economistas es inferir un crecimiento constante de la demanda asumiendo que el mercado y la tecnología siempre garantizarán la oferta. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico 2025 de Sener^[9] prevé que el consumo eléctrico para 2039 crecerá 140% con respecto a 2025 (de 363 TW/h en 2025 a 512 TW/h); sin embargo, la realidad geológica nos muestra que estamos acercándonos a los límites de la extracción de hidrocarburos, que cada vez son más caros de obtener e implican más impactos ambientales.

Entonces, surge la pregunta, ¿para qué necesitamos más energía? La respuesta está en la continuación del modelo industrial exportador perseguido desde final del siglo pasado, que se renueva ahora con el Plan México. Más corredores industriales («polos del bienestar»), turismo internacional y, últimamente, centros de datos.

Es dudoso que este modelo lleve realmente bienestar a la mayoría de la población, cuando el atractivo de las empresas extranjeras para invertir en México es la mano de obra barata y, desafortunadamente, normas ambientales menos rígidas que en algunos estados de la unión americana. Además, el éxito de este tipo de modelo se ve cada vez menos probable frente a la grave situación geopolítica y la recesión económica que se vaticina como consecuencia de la desastrosa guerra desatada en Oriente Medio por Israel y EE.UU.

Una verdadera soberanía debería empezar por rediscutir este modelo orientado a la exportación para transformar y reconvertir la industria, privilegiando las necesidades básicas del mercado interno. En el caso del gas, que enfrenta costos crecientes de producción, deberíamos establecer prioridades de consumo.

Una posible lista de prioridades incluye: 1) la producción de fertilizantes destinada a la producción de alimentos de consumo interno -al tiempo que se promueve una agricultura con un uso mucho menor de agroquímicos-; 2) el uso industrial directo e indirecto para la producción de bienes de primera necesidad; 3) el consumo (directo e indirecto) de centros médicos, escuelas y hogares; 4) la producción y refinación de petróleo, de acuerdo con su disponibilidad decreciente en el marco de un redimensionamiento de Pemex acorde a la nueva situación.