Lo que no compra el dinero de la Nación en comunidades indígenas

Nadie duda de la buena voluntad del gobierno en repartir dinero a la gente que, aparentemente, más lo necesita. En muchos casos, seguramente es así, pero en otros tantos, quizá no. Siguiendo con este argumento de ambigüedades, los apoyos económicos que se les otorgan es posible que les ayuden, especialmente a los jóvenes, a convertirse en profesionales, técnicos, microempresarios o… probablemente, no.

Sin entrar en controversia, porque no es el foro para ello, pongamos que los resultados del programa gubernamental más reciente para propiciar que los jóvenes de México (18 - 29 años) tengan un desarrollo profesional y técnico, son mixtos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no tiene datos de resultados que avalen la postura optimista de las autoridades y, por lo mismo, la prensa amarillea los resultados diciendo que es un fracaso.

Si nos quedáramos con un 50/50, de los 3 053 000 jóvenes que se tienen registrados en el programa, tendríamos poco más de 1 500 000 empleos nuevos de gente joven capaz, emprendedora y con ímpetu en continuar con su trabajo.

La inversión que hemos hecho los mexicanos apostando por estos jóvenes es de más de 24 mil millones de pesos al año. Se suma a este gran esfuerzo de la ciudadanía mexicana, el apoyo que otorgamos al programa Sembrando vida (más de 27 mil millones de pesos/año), con poco menos de medio millón de personas apoyadas en el medio rural.

También, hay escasos resultados de mejoría en nuestros bosques «revegetados», paisajes agrarios «resembrados», sistemas tradicionales «recultivados»; aunque se mencionan de manera oficial miles de millones de árboles plantados, lo cual significaría que ya tendríamos la masa forestal revegetada y no es así, porque la cantidad de gente que se requiere para cumplir con tal proyecto sería dos veces más que la apoyada en el programa o, al menos, de gente, si se considera que tenemos a nuestros soldados plantando árboles en lugar de hacer sus funciones.

Otro rubro de gasto público con gran interés en las comunidades rurales e indígenas de nuestro México profundo es el del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI). En este caso, no es necesario fomentar actividades productivas ni superación de la pobreza multidimensional que padecen estas comunidades vulnerables a los riesgos naturales y discriminación estructural de nuestra sociedad, con excepción de casi 195 mil pesos destinados al Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Afromexicanas; los principales apoyos son de índole jurídico, social y ambiental, con el fin de garantizar los derechos constitucionales a nivel individual y colectivo, específicamente, el a gozar de un ambiente natural sano y reducir sus vulnerabilidades a fenómenos naturales catastróficos.

El punto del tema es que se pueden desarrollar los más retorcidos o transparentes programas de desarrollo social, empoderamiento de comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, pero si no se cuenta con la opinión favorable de dichas comunidades, no prosperarán los programas más allá del año que se inyecte dinero y cada vez que inyectemos más recursos económicos y sigamos subsidiando 100 % sus actividades o muy cerca de esa cifra.

Cuando digo la opinión favorable, me refiero a que la población objetivo de la ayuda es la que propuso el tema; lo generó desde sus raíces históricas tomando en cuenta su idiosincrasia, saberes, haceres, estares y tiempos de espera para que ocurran las cosas de manera natural y fluyan hacia la satisfacción de sus necesidades.

La opinión favorable a la que me refiero es la opinión que esperan nuestras gentes que escuchemos los de afuera y, más específicamente, las autoridades. Es la opinión que desean sea atendida de manera consensuada, serena pero incesante; rápida pero no de manera apremiante. Las autoridades (o como ellos les dicen cotidianamente, «el gobierno», porque para el pueblo de México sólo hay gobierno cuando trabajas en la administración y fuerza pública), cuando aparecen, oyen cosas -es verdad-, pero lo consideran como insinuaciones de necesidades, medio-verdades de lo que requieren para prosperar cuidando su paisaje, sus costumbres, sus tradiciones y a sus hijas, mujeres, familias. Pero no los escuchan.

Esa falta de atención a lo que les dicen, los lleva a tergiversar lo que escucharon llevándolo al plano de su queridísima teoría política de que el mexicano sólo quiere quejarse para que se le de dinero sin trabajar o haciendo lo mínimo. Entonces, lo poco que oyeron más lo mucho que tienen ya en su mente desde antes, los lleva a generar un programa de desarrollo y lo venden a la comunidad como que fue hecho de mutuo acuerdo. Surge el programa y, aparentemente, todos son felices.

Ejemplifiquemos para entender mejor el problema desde diferentes temas: mejorar las viviendas de comunidades indígenas es un programa voluntarioso, que procuraba que la gente humilde del medio rural tuviese una mejor casa. Dentro de las cosas que decidieron hacer fue construir pequeñas viviendas como si fuesen del INFONAVIT en los suburbios urbanos, con piso de loza, cocina integrada a sala-comedor, un pasillo que une este espacio con aluna habitación y en medio una puerta que da a un baño, para usarlo como sanitario y lugar de aseo personal. Había, ciertamente, servicio de electricidad e instalación para toma de agua, cuando la hubiere.

Al retirarse la autoridad, los beneficiarios de muchas comunidades desbarataron el baño y lo colocaron en una caseta retirada de la vivienda, quitaron los pisos de loza y pusieron uno con su tierra, arena y elementos estructurales naturales. Un año después, pasó nuevamente el gobierno por la comunidad y vio el destrozo, su inversión y hermoso programa de vivienda digna destruido. Increpó a los beneficiarios y éstos le dijeron: «nosotros nunca tenemos el lugar para defecar dentro de casa, jamás se nos permitiría tenerlo donde cocinas comes y duermes…el piso de loza no mantiene fresca la estancia, pero nuestra tierra nos la hace más habitable en los tiempos de calor que aquí en el trópico son muchos, además, amortigua más la humedad».

Recientemente, desde 2022, el gobierno -siguiendo sus principios sociales de bienestar- decidió poner programas de turismo de naturaleza en comunidades indígenas, 44 proyectos, 1203 personas beneficiarias (572 mujeres y 631 hombres). Estos proyectos, junto a otros tantos con diversas metas de seguridad ambiental, seguridad económica, seguridad civil y justicia, sumaron un total de $5’500,000 de pesos aproximadamente para «gastos de operación» y $12’855,000 de pesos para desarrollo de la actividad; más $183’849,300 de pesos para las actividades complementarias con otros proyectos.

El turismo de naturaleza se desarrolló bajo los nombres de Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Na’ayeri y O’dam; Plan de Justicia del Pueblo Seri; Plan de Justicia del Pueblo Guarijío; Plan de Justicia del Pueblo Ralámuli; Proyecto de Desarrollo Tren Maya; y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (Transístmico). Los últimos proyectos son parte de las cerezas del pastel de la administración pasada, al ser sus proyectos estratégicos de desarrollo nacional. Todo esto está bien, digo yo, pero ¿cuáles son los resultados a tres años y meses de implementados?

Desafortunadamente, no lo sé. Lo busqué, lo busqué y no lo encontré. Cierto es que, al finalizar la administración anterior, cada dependencia entregó un informe de actividades sexenales en las cuales se mencionaban los miles de millones de pesos invertidos y los miles de eventos participativos y de consulta, y las metas cumplidas.

El informe Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), que aparece en la página oficial, no dice absolutamente nada, excepto que se cumplieron sus metas al 100%. El documento Avances y resultados de las acciones informe anual 2023, tampoco habla de resultados concretos, indica, eso sí, todos los eventos participativos que se tuvieron con las comunidades, así como las «reuniones interinstitucionales», donde abordaron los temas que interesan desarrollar…¿intereses de quién o para quién?

Mi propuesta es muy simple sobre cómo se pueden aprovechar, de manera óptima, las oportunidades que las comunidades indígenas, rurales y afromexicanas tienen para que, en verdad, se les haga justicia social, ambiental y civil, y se transformen de sociedades marginadas a emprendedoras, utilizando el Método Contemporáneo de Optimización de los Reguladores Modernos (Modern Regulator Improvement Tool MRIT).

Me llama la atención de este método su inicio, al medir la madurez de la institución que tratará el tema de su competencia. Por ejemplo, turismo sustentable en comunidades indígenas, que como hemos visto, se tiene como eje estratégico por gobiernos para medir resultados de metas de los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) y de bienestar, pero no tenemos resultados concretos de éxito (algunos pocos sí, pero son poquísimos para lo que invertimos en tiempo, dinero y esfuerzo).

El grado de madurez de nuestra Secretaría de Turismo es de bajo a medio, por la sencilla razón de que cada cambio de administración hace borrón y cuenta nueva, reinventa los programas anteriores, pero con nombre diferente. El no saber construir sobre lo edificado, eso sí, aprendiendo de las lecciones pasadas y mejorando lo que no funcionó bien, con nuevos métodos sociales y tecnológicos, con la nueva estructura demográfica de México y el nuevo panorama económico y ambiental mundial, nos tiene en una casi permanente inmadurez institucional.

El segundo punto que me llama la atención y que no nos deja avanzar en la conservación doble que tiene México, al ser megadiverso en culturas y megadiverso en biodiversidad, es la falta de atención a lo que les dicen las comunidades a las autoridades; estas oyen, pero no escuchan en las reuniones participativas. Llegan con sus propuestas y desean salir con el beneplácito de la gente, pero sólo obtienen su complacencia, al hacerles creer que son propuestas de ellos, porque con eso se resolverán sus necesidades; unas necesidades que en genérico todos conocemos, pero que en lo particular tienen sus intríngulis que las hacen únicas a la comunidad.

El dinero no compra el espíritu de la gente, el creciente nivel de autoconfianza y empoderamiento personal y colectivo de su paisaje biocultural, el carácter del paisaje ni las necesidades fundamentales de las comunidades a las que les hemos dado la doble carga de la conservación, la natural y la cultural; queremos tener paisajes coherentes, pero no vemos el reto de manera conciliadora ni mucho menos bajo una perspectiva rizomática. Las autoridades ven pero no miran, oyen pero no escuchan y actúan precipitadamente para resolver ciertas necesidades básicas pero no reales. Debemos madurar institucionalmente.